A más de una década del derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora, la contaminación sigue siendo un problema para las comunidades locales.

El desastre ambiental tuvo lugar el 6 de agosto de 2014, cuando cerca de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, se vertieron inicialmente en el arroyo Tinajas y luego en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Este derrame impactó a comunidades de diversos municipios en Sonora y generó efectos ambientales, económicos y sociales que, tras más de 12 años, continúan preocupando a los habitantes de la región.

Uno de los reclamos principales es la persistencia de contaminantes y metales pesados en diferentes elementos del ecosistema, situación que mantiene la alerta sobre la calidad del agua y los posibles impactos en la población.

El caso ha sido seguido por organismos nacionales e internacionales, incluyendo mecanismos de Naciones Unidas relacionados con los derechos humanos, medio ambiente, acceso al agua y sustancias tóxicas.

Las comunidades afectadas continúan exigiendo una reparación integral, atención a las secuelas del desastre y medidas eficaces de remediación ambiental para restaurar la cuenca del Río Sonora.

La confirmación de que la contaminación persiste vuelve a poner en la mira las responsabilidades derivadas del derrame y las acciones realizadas durante estos 12 años para afrontar uno de los mayores episodios de contaminación ambiental en México.