opinionAl Gobierno de México, A la Fiscalía General de la República, A la sociedad mexicana
Reiteramos nuestro respaldo pleno a María Amparo Casar. Al Gobierno de México, A la Fiscalía General de la República, A la sociedad mexicana. Quienes suscribimos el presente pronunciamiento manifestamos nuestra grave preocupación por la apertura y conducción de una investigación penal carente de sus
Reiteramos nuestro respaldo pleno a María Amparo Casar.
Al Gobierno de México, A la Fiscalía General de la República, A la sociedad mexicana. Quienes suscribimos el presente pronunciamiento manifestamos nuestra grave preocupación por la apertura y conducción de una investigación penal carente de sustento jurídico en contra de María Amparo Casar.
La percepción de una pensión de viudez, al igual que las pensiones por invalidez, orfandad, jubilación u otras prestaciones previstas en el marco legal vigente, constituye un derecho adquirido protegido por la ley. En consecuencia, no puede ni debe ser criminalizado su ejercicio, pues hacerlo vulnera principios elementales del Estado constitucional de derecho, entre ellos el de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia y no criminalización del ejercicio de derechos.
La utilización del aparato penal del Estado para investigar o perseguir a una persona por el acceso a una prestación legalmente reconocida sienta un precedente sumamente riesgoso, al abrir la puerta a la persecución penal arbitraria de millones de ciudadanos que ejercen derechos consagrados en la ley. Ello resulta incompatible con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano.
Resulta especialmente preocupante que, en un contexto nacional marcado por graves y documentados casos de corrupción e impunidad de alto impacto, tales como el desfalco a SEGALMEX, señalamientos públicos que involucran a ex altos funcionarios de seguridad con organizaciones criminales, así como una persistente violencia derivada de la disputa entre grupos delictivos, los recursos institucionales se orienten a perseguir penalmente a una ciudadana respecto de la cual no existe conducta típica, antijurídica ni culpable.
Al frente de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el trabajo público, reconocido y sistemático de María Amparo Casar en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción se inscribe plenamente dentro del ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión, participación cívica y control democrático. Dichas actividades no pueden ser consideradas una amenaza al orden institucional, sino una contribución indispensable para fortalecer la legalidad, la integridad pública y la legitimidad del Estado.
Por lo anterior, exhortamos de manera firme y fundada a la Fiscalía General de la República a que observe estrictamente los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso, y desista de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación penal que carezca de base jurídica suficiente en contra de María Amparo Casar.
Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades del Estado mexicano para que orienten sus capacidades institucionales a la investigación y sanción de los delitos que efectivamente dañan al interés público, y no al uso del derecho penal como mecanismo de intimidación o represalia frente al ejercicio de derechos ciudadanos.
Reiteramos que no existe antecedente histórico alguno de sociedades que hayan alcanzado niveles sostenidos de desarrollo, bienestar y confianza institucional mediante la persecución de ciudadanos críticos o mediante la tolerancia a la corrupción y la impunidad dentro del servicio público.
En virtud de lo anterior, reiteramos nuestro respaldo pleno a María Amparo Casar, y exigimos el cese inmediato de cualquier investigación o acción penal infundada en su contra, así como en contra de cualquier persona que ejerza legítimamente sus derechos o contribuya, desde la ciudadanía, al combate a la corrupción y a la impunidad.
Atentamente,
- Agustín Acosta
- Alberto Capella
- Alberto Díaz Cayeros
- Alberto J. Olvera
- Alejandra Cullen Benítez
- Alejandro Werner
- Ana Laura Magaloni
- Andrés Rozental
- Antonio Ortiz Mena
- Antonio Zirión Quijano
- Ariel Rojo
- Arturo González Arquieta
- Beatriz Leycegui Gardoqui
- Beatriz Magaloni
- Bernardo León
- Carlos Bravo Regidor
- Carlos Elizondo Mayer-Serra
- Carlos Seoane
- César Torres
- Clara Jusidman
- Claudia Calvin
- Denisse Dresser
- Diego Valadés
- Dudley Ankerson
- Eduardo Guerrero
- Eduardo Medina Mora
- Enrique Betancourt
- Enrique Cárdenas
- Enrique Serna
- Facundo Rosas
- Gerardo Villadelángel
- Guillermo Máynez Gil
- Guillermo Valdés Castellanos
- Héctor Aguilar Camín
- Héctor Cárdenas Suárez
- Héctor De Mauleón
- Horacio Bernal
- Jaime López-Aranda
- Javier Osorio
- Javier Rojas
- Joaquín Cosío
- Jorge F. Hernández
- Jorge G. Castañeda
- Josefina Alcázar
- José Antonio Aguilar Rivera
- José Mario de la Garza
- José Martínez Robles
- José Ramón Enríquez
- Juan Cristóbal Ferrer
- Juan Salgado
- Juan Sánchez Zermeño
- Julio Beltrán Miranda
- Julián LeBaron
- Julio Hubard
- Leonardo Curzio
- Luis Carlos Ugalde
- Luis de la Barreda Luis Lozano
- Luis Pérez de Acha Luis Rubio
- Luis Urrutia Manuel Balcázar
- Manuel Guerrero
- María Elena Morera
- Mariana Balzaretti Martínez
- Maribel Cervantes
- Marina González Magaña
- Mario Luis Fuentes
- Mauricio Merino
- Mauricio Meschoulam
- Miguel Ángel Pérez Álvarez
- Montse Ramiro
- Pablo González
- Pablo Mijangos
- Paola Zavala Saeb
- Paulina Lavista
- Pedro Salazar
- Renato Sales
- Roberto Banchik
- Rodrigo Canales
- Roger Bartra
- Rufo Ibarra Batista
- Sandra Ley
- Saskia Niño de Rivera
- Sergio Alcocer
- Sergio Aguayo
- Tonatiuh Guillén López
- Valeria Moy
Original publicado en https://www.pacozea.com/al-gobierno-de-mexico-a-la-fiscalia-general-de-la-republica-a-la-sociedad-mexicana/
